Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader ha firmado el decreto 105-25 con el objetivo de «racionalizar el gasto público» durante 2025. Esta medida, que impone restricciones en la compra de vehículos, viajes, publicidad y otros rubros considerados innecesarios, se presenta como una estrategia para optimizar el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, al analizar el panorama completo del gasto público, surge la pregunta obligada: ¿es esto suficiente?
Ahorro superficial frente a un gasto creciente
El decreto impone ciertas limitaciones que, en teoría, reducirían el gasto estatal. Se prohíbe la compra de vehículos oficiales, salvo excepciones justificadas; se restringe el uso de automóviles del Estado en días no laborables; se eliminan los pasajes en primera clase, y se controlan las celebraciones y la publicidad gubernamental. No obstante, al comparar el impacto de estas medidas con el crecimiento de otras partidas, resulta evidente que se trata de un ajuste menor.
Por ejemplo, la nómina estatal ha pasado de representar el 3.8 % del PIB en 2020 al 5.1 % en 2024, con un incremento en el gasto de 175 mil millones a 336 mil millones de pesos en ese mismo período. La publicidad gubernamental, que ya en 2020 era considerada excesiva con un gasto de 5,300 millones de pesos, ha pasado a 11,100 millones en 2024, duplicándose en solo cuatro años. Además, las transferencias y subsidios, que incluyen el abultado gasto en el sector eléctrico, han crecido de 211 mil millones en 2019 a 370 mil millones en 2024.
El problema de fondo: un modelo de gasto insostenible
El dilema central del gasto público no radica en la publicidad o la compra de vehículos, sino en la distribución del presupuesto entre gasto corriente e inversión. Mientras más recursos se destinan a gasto corriente (nómina, subsidios, publicidad), menos quedan para infraestructura y proyectos que realmente contribuyen al crecimiento económico, como carreteras, hospitales y redes eléctricas. A esto se suma el problema de la deuda, pues cada año el gobierno gasta más de lo que ingresa y debe recurrir a préstamos para cubrir la diferencia.
El decreto 105-25 puede generar titulares y transmitir la imagen de un gobierno preocupado por el gasto público, pero en la práctica su impacto será limitado. Mientras las partidas principales continúen creciendo y el Estado siga dependiendo del endeudamiento, estas medidas de austeridad serán poco más que un intento de aliviar la presión pública sin abordar el problema de fondo. En definitiva, recortar gastos menores es una estrategia insuficiente si no se acompaña de una reforma fiscal y una reestructuración profunda del gasto público.
